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Trasfondo

La traición de Sicilia

 

Carlos Murillo González

A la gente de Ciudad Juárez, por su valentía y resistencia ¡Kita Shiwe!
 

La caravana por la paz en cabezada por el poeta Javier Sicilia y cuya terminación en Ciudad Juárez en los primeros días de julio llamó la atención nacional e internacionalmente, pudo haber sido el parteaguas de una verdadera agenda nacional surgida desde y para la sociedad de no haber sido traicionada por quienes la sugirieron y encabezaron.


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Juego de Ojos

Recuerdo de Héctor Pérez Martínez


Miguel Angel Sánchez de Armas


El 7 de mayo de 1932, el joven periodista campechano Héctor Pérez Martínez, autor de la columna “Escaparate” de El Nacional, reprochó nada menos que a don Alfonso Reyes –en aquel momento embajador de México en Brasil– su “distanciamiento” de la literatura mexicana, y le expuso el descontento de un grupo de escritores –después conocidos como nacionalistas–, porque los “Contemporáneos”, grupo en donde Reyes era ejemplo, ni ponían interés en los problemas del país, ni volvían la mirada a la literatura de los grandes maestros mexicanos:


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LA NECESIDAD DE ORGANIZARNOS PARA EL PLEBISCITO: EN FAVOR O EN CONTRA, DEL PROYECTO JUÁREZ ILUMINADO


Leobardo Alvarado


SOBRE EL PLEBISCITO aprobado por el Instituto Estatal Electoral para que sean las y los ciudadanos quienes decidan si desean el proyecto Juárez Iluminado, vale recordar la historia local reciente.

El año 2005 se buscó el referéndum para impedir que se llevara a cabo lo que coloquialmente se conoció como "Ciudad Vallina"; o la propuesta del desarrollo del Plan San Jerónimo. Entonces el Congreso Local negó esa posibilidad, pese que de las alrededor de 44 mil firmas que se necesitaban para avanzar el proceso, las y los ciudadanos que participamos de aquel momento logramos recabar más de 55 mil firmas.[1] En este sentido es importante reconocer el papel preponderante que tuvo el Consejo Ciudadano por el Desarrollo Social donde confluíamos diversas organizaciones de la sociedad civil.
 


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desde
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¿Pacto de Estado PSOE-PP en España?

Germán Gorraiz Lopez

La negativa de Pablo Iglesias a facilitar la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno dejaría abierta la posibilidad de unas nuevas elecciones en el otoño que tendría como efectos colaterales la inestabilización de la economía española al subir de forma desbocada la prima de riesgo y el retorno del Bipartidismo (PSOE-PP).


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Por los caminos de Sancho

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Renward García Medrano


Es difícil entender la lógica de los políticos; a veces ni ellos la entienden y se limitan a repetir patrones de conducta que funcionaron hace cincuenta años.  Algunos tienen un espíritu camorrista y suelen estallar con facilidad –“son de mecha corta”, dicen sus amigos– pero por motivos del todo incomprensibles, no dan la cara; agravian, calumnian, descalifican, desprestigian a sus adversarios, pero jamás mencionan sus nombres, como si quisieran evadir la responsabilidad de sus palabras.

Este lenguaje zahiriente pero indirecto, pudo ser útil a mediados del siglo XX, cuando había un partido hegemónico y un sistema piramidal de ejercicio del poder político, en el que un exceso verbal podría ser muy costoso. Pero en el siglo XXI y en un país que tuvo una transición democrática profunda y pacífica, el doble lenguaje de otros tiempos suena tan artificial como sonaría Shakira si quisiera adoptar el estilo de Libertad Lamarque. 

Los políticos de otros países tampoco suelen ser confiables, pero son menos barrocos. Lula, por ejemplo, tiene un talante optimista y llama a las cosas por su nombre; la actitud de Obama es abierta; destila eficacia y claridad. Pero el panismo en el poder sigue estancado en el rencor social soterrado que sale a la luz en el discurso ambiguo pero de una violencia emocional intimidante.


Más por los caminos

 

 

 

 
chileKNqueso
 

 

Ultraje a la Suprema Corte de Justicia


“Se amado por quien no amas.”
Jodorowsky


Imagine usted que una mañana soleada un grupo de ciudadanos quiere tomar por la fuerza un edificio público. Los ciudadanos marchan por las principales arterias de la ciudad, llegan al recinto y se encuentran con un grupo de policías que tiene instrucciones de impedir el acceso, en aras de mantener el orden público. Uno de los manifestantes, acalorado, cansado, tenso, ve su manifestación frustrada: la valla policiaca es simplemente imposible de franquear. Ante esto, el participante opta por insultar a los policías: “corruptos”, “cerdos” y un largo etcétera. El descontento aumenta mientras corre el tiempo, y ahora decide dirigir sus ataques hacia un policía en particular. El policía, al principio, no se inmuta. No mueve ni un músculo de su rostro. El manifestante continúa insultándolo y acerca su rostro al suyo cada vez más. El policía empieza a gesticular y retrocede un poco, pero no cede. Sigue firme en su posición. Al ver que sus acciones no irritan al policía, el ciudadano aumenta el tono y el volumen de sus insultos. Ante esto, otro policía que presenciaba la escena desde el principio, se exaspera y detiene al manifestante. Él, al momento de ser detenido, le pide al policía razón por la cual lo están metiendo en una patrulla. El policía le responde que ha cometido el delito de ultraje a la autoridad, según se encuentra detallado en los Penales correspondientes. El manifestante, agobiado, asustado, pregunta: “¿qué es ultraje?” Acto seguido, se encuentra detrás de unos barrotes. ¿Es correcta la actuación del manifestante? No, no lo es. Al policía se le debe respeto. ¿Es constitucional la norma del Código Penal que faculta al policía para detener al ciudadano? Tampoco. En una nuez, esto fue lo que discutió y resolvió nuestra Suprema Corte.

Francisco Flores Legarda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraje a la Suprema

 

Corte de Justicia

 

 

 

Francisco Flores Legarda

 

 

“Se amado por quien no amas.”

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Imagine usted que una mañana soleada un grupo de ciudadanos quiere tomar por la fuerza un edificio público. Los ciudadanos marchan por las principales arterias de la ciudad, llegan al recinto y se encuentran con un grupo de policías que tiene instrucciones de impedir el acceso, en aras de mantener el orden público. Uno de los manifestantes, acalorado, cansado, tenso, ve su manifestación frustrada: la valla policiaca es simplemente imposible de franquear. Ante esto, el participante opta por insultar a los policías: “corruptos”, “cerdos” y un largo etcétera. El descontento aumenta mientras corre el tiempo, y ahora decide dirigir sus ataques hacia un policía en particular. El policía, al principio, no se inmuta. No mueve ni un músculo de su rostro. El manifestante continúa insultándolo y acerca su rostro al suyo cada vez más. El policía empieza a gesticular y retrocede un poco, pero no cede. Sigue firme en su posición. Al ver que sus acciones no irritan al policía, el ciudadano aumenta el tono y el volumen de sus insultos. Ante esto, otro policía que presenciaba la escena desde el principio, se exaspera y detiene al manifestante. Él, al momento de ser detenido, le pide al policía razón por la cual lo están metiendo en una patrulla. El policía le responde que ha cometido el delito de ultraje a la autoridad, según se encuentra detallado en los Penales correspondientes. El manifestante, agobiado, asustado, pregunta: “¿qué es ultraje?” Acto seguido, se encuentra detrás de unos barrotes. ¿Es correcta la actuación del manifestante? No, no lo es. Al policía se le debe respeto. ¿Es constitucional la norma del Código Penal que faculta al policía para detener al ciudadano? Tampoco. En una nuez, esto fue lo que discutió y resolvió nuestra Suprema Corte.

 

Hubo tres posiciones al respecto. La primera, liderada por el ministro Cossío y plasmada en el proyecto, defendía la inconstitucionalidad del artículo por ser violatorio del derecho a la libertad de expresión. Según Cossío, el tipo penal era tan vago y amplio que dentro de su hipótesis podrían caer conductas que se encontraban amparadas por el derecho de la libertad de expresión; como por ejemplo, el discurso político. La retórica política, a veces incendiaria, a veces chocante o repugnante, debe ser protegida a toda costa en una democracia constitucional. Entra en lo que la jurisprudencia ha denominado como discurso protegido; es decir, aquél que debe mantenerse vivo a toda costa, incólume a la intervención estatal.  Por esto, concluía Cossío, secundado por el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, la norma, si bien tenía un fin constitucionalmente lícito –“proteger de ataques graves que dañen o pongan en peligro bienes jurídicos fundamentales, que de suyo justifiquen la intervención penal del Estado”—,1 no era necesaria ni idónea, ya que el tipo penal, tal cual está redactado, puede lesionar el derecho fundamental a la libertad de expresión de forma grave. Y el otro valor protegido, el orden público, podía salvaguardarse a través de medidas menos gravosas, como una sanción administrativa.

 

La segunda posición también consideró inconstitucional la norma, pero por razones diversas. En concreto, porque la consideraban violatoria del principio de taxatividad. En efecto, el derecho penal, al ser la expresión del brazo más temible del Estado, su dimensión punitiva, obedece a parámetros distintos de configuración y aplicación. La ley tiene que ser exactamente aplicable al caso. Es decir, los hechos que se presentan en el mundo –el que alguien prive de la vida a otro, o se apodere de un bien ajeno— tienen que poder ser subsumidos en los conceptos de la norma. Hay una relación de ajuste de la norma hacia el mundo. Y porque es imposible describir con palabras todos los hechos del mundo –si así fuera necesitaríamos una novela rusa para configurar un solo delito— es que se hace especial hincapié en que las normas penales deben evitar los problemas de ambigüedad y vaguedad semántica. Se busca, pues, que los conceptos que se utilicen tengan un significado fácilmente descifrable por el común denominador de las personas. De aquí emana la importancia del principio de taxatividad: de la necesidad de que el ciudadano sepa qué reacción esperar del Estado cuando actúa de tal o cual manera. Así, el debate aquí se puede simplificar con la pregunta que hace nuestro manifestante hipotético, al que dimos vida en la introducción de este ensayo, “¿qué es ultraje?”. En torno a esta pregunta giró el debate de este grupo de ministros, quienes coincidieron que el verbo ultrajar es, de suyo, polisémico. Es decir, tiene varios significados que se mueven en un espectro semántico bastante amplio: desde la agresión verbal hasta la física, y con varias modalidades. Al no poder desentrañar un significado claro y preciso, concluyeron los ministros, la norma es inconstitucionalidad por violar el principio de taxatividad.

 

El tercer grupo de ministros –conformado por la ministra Luna Ramos y el ministro Pardo— defendía la constitucionalidad de la norma. En su apreciación, el significado de ultraje es claro, y además recalcaban que el significado podía ser precisado por el juez al momento de su aplicación.2 Aquí también se consideró que el valor protegido por la norma es de suma importancia. El principio de salvaguarda del orden público justifica que exista una norma de naturaleza penal que lo garantice, ya que su función es la de posibilitar a que la seguridad pública “se realice de manera eficiente y adecuada”.3

 

Ahora bien, ¿qué se puede concluir de las tres posiciones? Que las dos primeras caen en el juego de qué fue primero, si el huevo o la gallina. La posición de Cossío, a mi parecer, veía el lado más profundo del abismo sin fijarse en sus barrancos. Para concluir que hay una violación a la libertad de expresión necesariamente se debe partir de la violación al principio de taxatividad. Al ser la norma ambigua, entonces podía hacer referencia a hechos, a circunstancias que no deben ser normadas, como el discurso político. Lo que no se puede es hacerlo al revés. Una norma que viola la libertad de expresión no necesariamente adolece de ambigüedad. Ahí sí tiene razón el ministro Zaldívar: la violación a la taxatividad conlleva la violación diferida o indirecta de otros derechos4 (expresión, derecho de petición), pero la violación es, primero, a este principio. De ahí su importancia para proteger el principio de legalidad, piedra angular del Estado de derecho.

 

Otra cuestión importante de este asunto es que deja algunas preguntas en el aire que se tocaron de forma tangencial en el debate: ¿cómo debe ser la interacción entre los ciudadanos y las autoridades?, ¿qué umbral de tolerancia es el exigible a las policías frente a los insultos de los ciudadanos?, ¿debe reglamentarse o basta con los demás delitos que sancionan las lesiones y sus equivalentes? La posición de Luna Ramos y de Pardo, aunque no la comparto, invita a una reflexión interesante: hasta dónde el garantizar el orden público nos permite ejercer nuestros derechos, y en qué casos el ejercicio de los derechos puede trasgredir el orden público. Otra vez: el huevo y la gallina. Con la diferencia de que, aquí, el orden de los factores sí altera el producto. Si no me creen, pregúntenle al manifestante, en el ejemplo hipotético, que planteé en este ensayo lleno de hipótesis.

 

Salud y larga vida y luchar para vivir.

 

  

Profesor por oposición de la Facultad de Derecho de la UACH

@profesor_F

Freelance

 

 

 

Francisco Flores Legarda

panchoflores9@yahoo.com.mx

panchoflores9@hotmail.com

Twitter @profesor_F

 

 

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Martín Vivanco. Abogado por la Escuela Libre de Derecho; maestro en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante; maestro en teoría política por la London School of Economics and Political Science; doctorando en derecho por la Universidad de Chile. Twitter: @MartinVivanco

1 Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “Contenido de la versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, 3 de marzo de 2016, p. 7.

2 El Ministro Pardo estableció que “ultraje” es un elemento normativo de valoración cultural. SCJN,  “Contenido de la versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, 3 de marzo de 2016, p. 16.

3 SCJN, “Contenido de la versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, 3 de marzo de 2016, p. 15.

4 Ibid., p. 46.

 


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